El doble filo de la protesta social en Colombia

• Desde hace algunos años Colombia ha adoptado la protesta social como una práctica recurrente para expresar sus inconformidades y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus necesidades. Y, aunque este es un mecanismo totalmente legítimo de manifestación, su frecuencia y la parálisis que representa para diversos sectores, genera repercusiones nefastas para la economía nacional.

Bogotá, enero de 2017.- Como era de esperarse, el contexto del 2016, marcado por la creciente inflación, la desaceleración económica generada por los bajos precios del petróleo y el consecuente deterioro de los ingresos de los hogares, será en 2017 uno de los combustibles para que las protestas sociales de intensifiquen. Cabe resaltar que si bien las cifras de 2015 y 2016 son bastante menores a los más de 1.000 paros registrados para 2013, el panorama para este año sigue siendo alarmante teniendo en cuenta que cada vez sus efectos son más profundos para la economía nacional.

Muestra de esto es que el paro de transportadores que se está cocinando para los primeros meses de este año podría tener consecuencias similares al acaecido en 2016, el cual tuvo las consecuencias más graves en la historia de Colombia. Para dicho gremio, el aumento del IVA y la aprobación de la reforma tributaria plantean dificultades económicas de los colombianos. Adicionalmente, el descontento también obedece a que los transportadores siguen alegando por el fortalecimiento de las políticas en temas como la sobre oferta de camiones, la chatarrización y los fletes. Lo anterior podría generar un bloqueo nacional que perjudicaría la logística de transporte a lo largo y ancho del país.

Los efectos se verían principalmente en industrias como la de los alimentos, pues en el paro del año anterior se presentó un aumento sostenido en los precios de varios productos de la canasta familiar. Al respecto, la consultora BDO Colombia estima que de presentarse un nuevo bloqueo en el flujo de mercancías los precios de dichos bienes podrían incrementarse hasta en un 10%. Adicionalmente, se propiciaría una caída en el indicador de comercio minorista cercana al 4% como también una significativa contracción en la producción industrial (6%). En total, un nuevo paro en 2017 le podría costar al país un poco más de $2 billones además de fomentar el incremento de la inflación.

Pero esta posiblemente no será la única protesta social  que se registrará a lo largo del año. Los inconvenientes de la economía colombiana para ajustarse al menor ingreso nacional generado por la fuerte caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014 llevarían a varios gremios y sindicatos para llevar a cabo un paro cívico. Y es que la subida del IVA en tres puntos porcentuales podría impactar aún más el débil consumo privado, como también deteriorar el mercado laboral hasta el punto en que la confianza de los consumidores podría desplomarse.

Estas protestas, que son solo algunas de las muchas que viviría el país durante 2017 correrían principalmente por cuenta del sector productivo, y representarían el estancamiento de las actividades de algún segmento, que necesariamente está atado a otros segmentos que igualmente se verán afectados. Además, generarían desórdenes que obligan reajustes, los cuales representan tiempo y dinero. Pero adicionalmente, y más grave aún, tendrían efectos negativos en cuanto a la confianza de los inversionistas, quienes prefieren depositar su capital en un mercado más estable, que se rija por un marco político y normativo más sólido.

Pero, más allá de las consecuencias económicas, el problema de fondo que se evidencia es la incapacidad de las autoridades locales y estatales para identificar las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Sin ir más lejos, luego de un bloqueo de 10 días, los habitantes del Chocó lograron este año que el Gobierno se comprometiera a ampliar la cobertura vial y eléctrica, y a edificar un hospital de tercer nivel. ¿Qué clase de Estado necesita un bloqueo para asegurar este tipo de necesidades básicas a la población? Además, vale la pena resaltar que el último paro de transportadores fue el número 21 en los últimos 14 años, lo que demuestra la incapacidad del Gobierno para identificar las necesidades de este segmento.

En este sentido, se podría decir que la protesta social se ha convertido en una necesidad de los diferentes sectores de Colombia para expresar sus demandas. Sin embargo, para muchos, esta es un arma de doble filo que la sociedad ha venido adoptando como una medida “caprichosa” para expresar sus inconformidades, e incluso como una herramienta de sabotaje. En este sentido, habría que evaluar, en qué media, por hacer cumplir los que consideran sus derechos, quienes protestan pueden llegar a transgredir los derechos de los demás ciudadanos y afectar su cotidianidad y su economía.

Lo que es claro es que el país necesita encontrar una salida para evitar la protesta, que parece coger cada vez más vuelo, y que para 2017 podría seguir reforzándose en medio de un panorama económico adverso. En este sentido, es necesario que desde el Estado se genere una estrategia, que permita no solo robustecer el marco institucional, sino generar políticas públicas que realmente tomen en cuenta las necesidades de los diferentes sectores que componen el aparato productivo del país y eliminen de raíz la necesidad de exigir demandas por vías de hecho.