La justicia en Colombia está al servicio de los delincuentes

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Cruda realidad. En Colombia la administración de justicia está diseñada para favorecer a los delincuentes en contra del Estado y los ciudadanos de bien. En Colombia tienen más derechos los malos que los buenos. Así de simple. Así de crudo. La Justicia al servicio de los delincuentes.

Caso 1.

Entre gallos y medianoche, un Juez Promiscuo de Puerto Colombia, Atlántico. Zona de influencia política y económica de quienes están detrás de Centros Poblados suspendió la caducidad del contrato del billón de pesos, el embargo de los bienes decretado por el Estado y la entrega a ETB, que ocupó el segundo puesto en la licitación, de la ejecución del proyecto que pretende llevar Internet de alta velocidad a miles de colegios y escuelas de zonas apartadas del país.

Moñona de los señores de Centros Poblados. El Juez Promiscuo de Puerto Colombia aceptó una tutela presentada por ellos alegando una violación a su derecho al debido proceso.

Al paso que vamos la culpa de que ellos hayan falsificados pólizas de garantía para obtener el contrato, recibido de manera irregular un anticipo de 70 mil millones de pesos que sacaron del país al parecer también de manera irregular, va a terminar siendo del MinTic o de todos los colombianos si nos descuidamos.

Es que Centros Poblados consiguió que un juez vecino le permita ganar tiempo para no tener que ceder los contratos que sus socios tienen con otras entidades del Estado y sentar las bases jurídicas que le permitan demandar al Estado por 10 billones de pesos.

¿Y los niños de los colegios que deberían ser conectados Internet? Que se jodan. Negocios son negocios.

Caso 2.

Durante su reunión con la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo con las FARC y en la cual tienen representación casi todos los grupos guerrilleros, el expresidente, Álvaro Uribe propuso una amnistía para todos.

La idea ha generado una gran discusión, pero poco a poco ha ido ganado respaldo aún entre líderes tradicionalmente opuestos a Uribe. Como Gustavo Petro, por ejemplo

Pues a las dos cabezas de la negociación con las FARC, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo la idea no les gustó y en un Comunicado dan 12 razones por las cuales ellos creen que una amnistía como la que propone Álvaro Uribe no es posible.

El documento está repleto de referencias a discusiones en La Habana, citas de Acuerdos y Tratados Internacionales, leyes colombianas, sentencias de tribunales nacionales y extranjeros, discursos de personas como Kofi Annan sobre la necesidad de que los máximos responsables de delitos de guerra y lesa humanidad sean investigados y juzgados.

«Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación», dicen en el primer punto.

Lindas palabras. Fuertes argumentos. En el papel, claro. Porque nos dicen que las herramientas e instrumentos que crearon para que esos postulados se cumplieran tienen un pequeño problema. Les quedaron sesgados a favor de una de las partes. En la forma y en el fondo.

Y por eso nadie les cree que algún día las Farc y sus integrantes vayan a reconocer y pagar por sus crímenes de guerra y lesa humanidad, mientras que quienes los combatieron si.

Eso pues no es pronta y cumplida justicia para todos

Caso 3.

Los delincuentes venezolanos que se han tomado las calles de Bogotá y otras ciudades. Que hieren y matan a ciudadanos por robarles un celular, una bicicleta o una cartera no pueden ser judicializados porque no se pueden identificar, ni expulsados del país porque se les estaría violando el debido proceso.

Pero tienen derechos. Ayer apareció una ONG con cifras que culpa a la sociedad y el Estado colombiano por no proteger los derechos de los venezolanos y reclama protección, amenazando con acudir a instancias internacionales.

Mal paga el diablo a quien bien le sirve

Caso 4.

Ahora resulta que los terroristas de Primera Línea, que queman buses de transporte público, bloquean vías, incendian casas de justicia y alcaldías e intentan incinerar vivos a policías y pasajeros del SITP son delincuentes políticos. Si, como las FARC o el ELN. Y entonces habrá que negociar con ellos unas curules en el Congreso, un tribunal especial, la creación de un partido político, camionetas blindadas y escoltas pagados por el Estado para que no les pase nada.

Hágame el … favor.

Confirmado.