Por: Carlos Augusto Chacón Monsalve *
Uno de los temas que hemos investigado en los últimos años en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) está relacionado con la implementación del enfoque de regulación inteligente.
Nuevo paradigma en la formulación de políticas públicas, para que estas se fundamenten en los datos y la evidencia disponible, en su evaluación periódica y en las mediciones de impacto.
Como Centro de Pensamiento nos hemos especializado en evaluar políticas y marcos normativos con el fin de identificar sus impactos, efectos, consecuencias no anticipadas y externalidades, para proponer reformas, ajustes o nuevos lineamientos que permitan corregir fallas del Estado.
En este contexto, como parte de nuestros análisis y los resultados de diversas mesas de expertos, hemos considerado necesario promover la aplicación orientadora del principio de la reducción de daños para la regulación de temas relacionados con el consumo de sustancias como la nicotina y el tabaco.
Reconociendo la libertad para elegir de los ciudadanos y las alternativas que se le pueden ofrecer a los consumidores gracias a la innovación tecnológica y el uso responsable e informado de dispositivos electrónicos sin combustión.
Es esencial superar el enfoque prohibicionista y represivo con el que se ha abordado el tema, ya que, este produce externalidades, consecuencias e impactos no deseados, generando espacios para la ilegalidad y fenómenos como el contrabando, la falsificación de productos prohibidos, la proliferación de estructuras delictivas y círculos de criminalidad.
Además de desconocer las libertades ciudadanas, lo anterior se traduce en mayores riesgos, tanto para los consumidores de tabaco y nicotina como para la sociedad en general en términos de salud y seguridad.
En contraste, el enfoque de regulación inteligente en este caso permite que se garantice la autonomía, protección y derechos de los consumidores, puesto que tendrían la posibilidad de escoger opciones que reduzcan el daño a su salud y la de su entorno.
Para esto es fundamental contar con estrategias informativas y educativas que creen conciencia, por ejemplo, sobre el uso de estas alternativas que está orientado a un público adulto y responsable.
Asimismo, es necesario que se tenga conocimiento informado sobre las posibilidades de elección que tiene el consumidor y cuáles son los efectos que conlleva, esto a su vez implica que existan estándares de calidad que sólo pueden monitorearse en un entorno de legalidad.
Las personas pueden tomar mejores decisiones cuando están informadas, por lo que es urgente poner en discusión una regulación sensata e inteligente que les garantice a los consumidores de tabaco y nicotina la posibilidad y la libertad de elegir alternativas que les permitan reducir el daño a su salud.
El debate en Colombia sobre la regulación inteligente con un enfoque de Reducción de Daños (Harm Reduction) debe continuar, nutriéndose con insumos técnicos y académicos que recojan contenido, legitimidad y opiniones de diversos actores.
Desde el ICP, como centro de pensamiento independiente y apartidista, nuestras actividades seguirán orientándose a aportar valor al debate político e incidir ante los tomadores de decisión, en defensa de la institucionalidad democrática y las libertades civiles y económicas, mediante la investigación, la formación y la incidencia.
*Director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).
