Por Fernando Salgado Quintero MD msc.*
Cuando el monopolio de la fuerza se negocia en la penumbra y la soberanía se entrega como moneda de cambio, la paz deja de ser un fin superior para convertirse en la capitulación del orden constitucional ante la barbarie transnacional
Fernando Salgado Quintero
La revelación periodística que expone grabaciones y compromisos inaceptables entre altos delegados de la política de paz y de la dirección nacional de inteligencia con los mandos del denominado Clan del Golfo, no constituye un simple tropiezo administrativo ni un error de cálculo táctico.
Estamos ante una crisis de carácter estructural y un hecho de extrema gravedad que golpea con fuerza la línea de flotación de la institucionalidad, desafía el orden constitucional y quiebra el principio fundamental de la autoridad democrática.
Este no es un asunto doméstico, es un desafío abierto a la seguridad nacional con un impacto internacional inevitable, cuyas implicaciones en la tolerancia de ciertos delitos podrían rayar en la flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.
Para una visión rigurosa de la gestión pública y la supervivencia de la República, resulta imposible justificar, bajo ninguna doctrina de Estado, que en aras de una supuesta negociación se pacte con estructuras criminales el «congelamiento» operativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Menos aún es concebible, y resulta éticamente repulsivo, la alteración de mandos estratégicos en áreas como la dirección de investigación criminal e interpol de la policía nacional (DIJIN) y de antinarcóticos, retirando de forma fulminante a oficiales con trayectorias intachables en la persecución del delito transnacional.
El monopolio legítimo de la fuerza y la seguridad nacional son activos soberanos e intransferibles del Estado, no son fichas de canje en una mesa de sometimiento, ni prebendas para complacer a capos del narcotráfico.
Este panorama, documentado con rigor técnico y periodístico, pone al Gobierno nacional frente a un espejo implacable que refleja una peligrosa connivencia. La respuesta del Ejecutivo no puede ser el silencio cobarde, la minimización del hecho o el amparo cínico en la retórica de las buenas intenciones.
El momento actual exige una acción de alta gerencia pública y rectificación moral que derive, de manera inmediata, en el relevo fulminante de todos aquellos funcionarios, enlaces y delegados que aparezcan comprometiendo la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas y deslegitimando la esencia misma de la deliberación democrática. El servicio público no admite la sospecha sistemática de la complicidad.
Un estadista comprende que la paz es un fin superior, pero que solo es sostenible si se edifica sobre los pilares inquebrantables de la legalidad, la transparencia y la dignidad de las instituciones.
Traspasar esa línea transgrede el orden interno y proyecta ante la comunidad internacional la imagen de un Estado de rodillas. Esto no acerca al país a la reconciliación; por el contrario, resquebraja la confianza de la sociedad, debilita la estructura misma de la República y compromete la seguridad hemisférica.
El Gobierno tiene la palabra y la obligación urgente de depurar sus filas de forma inmediata, devolviendo a los ciudadanos la certeza de que las armas de la República defienden la ley, y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella.
