Por: Javier Mozzo Peña
Un borrador de decreto en el que las autoridades hacen caso de una perentoria y extraña orden del presidente Gustavo Petro tendiente a prohibir las exportaciones de carbón y hullas a Israel, contiene un interesante anexo en el que intenta justificar la medida.
Y es interesante porque el anexo, tras ofrecer largas exposiciones jurídicas, llega a un apartado en el que debe explicar el impacto económico de tal decisión.
La más importante justificación, que debería merecer páginas y páginas para esclarecer, ampliar y dilucidar la orden presidencial de manera clara y contundente, solo amerita 17 palabras: “El impacto económico se estima atado a los posibles efectos de la medida sobre el comercio bilateral”.
No solo se nota la poca importancia que le puso la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Mónica Fernanda Yajaira para dilucidar en el anexo qué podría pasarle al comercio exterior de Colombia una medida que muchos califican traída de los cabellos. También muestra lo apresurado de la decisión.
Explicar el impacto económico de los decretos o actos administrativos que emiten los Gobiernos es algo de suma gravedad, que debe ser tomado con la mayor seriedad por parte de los diseñadores y ejecutores de las políticas.
La doctora Yajaira y la secretaria técnica del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, Diana Marcela Pinzón -con quien comparte la firma del anexo de justificaciones- no se tomaron la molestia de preguntarse qué podría pasar a decenas de poblaciones y millones de habitantes que dependen de las regalías generadas por la explotación y exportación del carbón, así como para los ingresos fiscales, tan malsana determinación.
Tampoco del precedente que sienta una orden de esa magnitud para el resto del comercio exterior colombiano y los 15 Tratados de Libre Comercio que el país ha firmado en las últimas décadas.
Ayudémosle a las doctoras Yajaira y Pinzón a completar el anexo correspondiente al impacto económico del proyectado decreto.
Primero, las relaciones comerciales con Israel entrarían en una fase turbulenta, según el presidente de la Asociación de Exportadores de Colombia (Analdex), Javier Díaz. Colombia es un abastecedor clave de carbón para Israel.
Segundo, se abandona, de buenas a primeras, ingresos por exportación que rondan los 500 millones de dólares anuales. Si bien son más bajos que los 1.000 millones de dólares exportados en el 2022, siguen siendo fundamentales para nuestra balanza comercial, muy necesitada de divisas tras la fuerte devaluación que ha experimentado el peso colombiano desde agosto del 2022.
El impacto también cubre a los empleos generados por la explotación y venta del carbón, las regalías a los departamentos productores y los impuestos locales y nacionales, todo lo cual equivale a más de 650.000 millones de pesos cada año, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Doctoras Yajaira y Pinzón: los departamentos de Cesar y Guajira, donde se explota el carbón para la exportación, están entre los más atrasados del país y arrastran altas cifras de desempleo, pobreza, desnutrición infantil y acceso a una decente red de acueducto y alcantarillado (¿Les dice algo esto?).
Adicionalmente, se incumplirán compromisos internacionales que se pactan con meses e incluso años de anticipación, las aseguradoras internacionales dispararán las pólizas, se encarecerán las tarifas del transporte marítimo y se pondrá en riesgo la confianza de los mercados, no solo de Israel, sino de los demás clientes del carbón colombiano ubicados en Europa y Asia.
Sin mencionar la inversión extranjera directa que se dejará de percibir por parte de las empresas exportadoras de carbón.
Israel perfectamente conseguirá el carbón y la hulla que necesita en otros grandes productores como Australia. Eso no solo nos saca del radar como abastecedor confiable y eficiente, sino que muy posiblemente nos bajará de la quinta posición que actualmente ostentamos como mayor productor mundial.
Las doctoras Yajaira y Pinzón parece que no consultaron las cifras que soportan la grave crisis fiscal que afronta el país, la cual lo tiene recortando gastos por al menos 20 millones de pesos, y el bajo recaudo tributario provocado por malas proyecciones. No nos podemos dar el lujo de eliminar una fuente de entrada de divisas.
Tampoco se nota que hayan consultado las profundas necesidades de inversión social del país que se financian ampliamente con las regalías mineras y petroleras, tal vez pensando que la pobreza que se acerca al 40 por ciento de la población se soluciona imprimiendo billetes.
Una ñapa para las funcionarias: en el aspecto jurídico, el decreto traspasaría líneas rojas en el comercio bilateral, comenzando en que viola la Constitución de 1991, pues la decisión de prohibir las exportaciones de carbón a Israel no invoca razones de política comercial sino de carácter moral, no establecidas en nuestro ordenamiento, según Díaz.
Si se quieren argüir dichas justificaciones, es el Congreso el que las debe definir, según el presidente de Analdex.
Segundo, rompe en mil pedazos contratos privados, algo que es extremadamente castigado por las autoridades de arbitraje internacionales que posiblemente fallarían en contra del país, en caso de un pleito en esas instancias. Tercero, traspasa y viola el propio TLC vigente con Israel.
Jugar con el comercio exterior colombiano es una factura que se paga muy caro y con intereses. Ojalá haya ponderación de las autoridades o, al menos, justificaciones mejores a los efectos de sus decisiones. @jmozzo
