Por Javier Mozzo Peña
Una publicidad radial recientemente escuchada en Bogotá, exalta las bondades del llamado “Grupo Bicentenario”, un conglomerado que reúne a las entidades financieras estatales y vinculado al Ministerio de Hacienda de Colombia.
La publicidad, pagada con los impuestos de los colombianos, cuenta que es el cuarto mayor grupo bancario del país y que está lleno de atractivos. La campaña hace parte de un gran lanzamiento, el cual fue hecho el pasado miércoles por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el Superintendente Financiero -que se encargará de vigilar e inspeccionar al conglomerado- César Ferrari.
Dejemos a un lado conocer si toda la inversión publicitaria está basada en rigurosos estudios de mercadeo, tras los cuales se haya concluido que los millones invertidos en la campaña eran absolutamente necesarios para exaltar lo bueno que es el Grupo Bicentenario. Por cierto, se pagó por una identidad visual que es una moneda de oro en cuyo centro surge una gran GB, rodeada de símbolos precolombinos.
Lo censurable es que al cierre de la cuña radial se advierta que no existe posibilidad de que tan atractivo conglomerado vaya a tener acciones inscritas en la bolsa o que el Grupo Bicentenario tenga la pretensión de listarse. Curiosa terminación para una pieza publicitaria, aparte de lo raro que fue ver a quien va a vigilar e inspeccionar al grupo financiero, haciendo parte de su publicidad.
Al gobierno no le interesa tener participación privada en la propiedad de su conglomerado financiero siendo como es: un grupo sólido, con altos valores, perspectivas de crecimiento y, como dice en su página Web “con un poder transformador de las finanzas para mejorar el desarrollo integral de Colombia”.
Más de un colombiano quisiera tener así sea un pedacito de la propiedad de semejante “holding” financiero. Muchos ahorradores, fondos de pensiones o grupos de inversión les encantaría participar, dados los atributos y valores que lo enaltecen y la ambición de convertirse en el tercer mayor conglomerado financiero del país en cinco años.
Pero no, la puerta está cerrada.
Al escuchar la cuña radial queda la sensación que la inversión en el mercado público de valores no es buena. Que el gobierno frunce el ceño cuando ve que personas, fondos de inversión nacionales y extranjeros o empresas, encuentran un rendimiento para su capital y, de paso, ayudan a las ambiciosas metas de las empresas.
Muy distinto a campañas como la exitosa democratización de acciones de la transportadora de energía eléctrica, ISA, la de Ecopetrol o la del Grupo de Energía de Bogotá, ejemplos de experiencias de vinculación de ahorradores privados a compañías públicas.
Desdeñar la inversión privada en empresas del estado es otra cara del debate en torno al enfoque estatizante del gobierno del presidente Petro. Y es solo uno de los componentes de la estrategia de exaltar lo estatal y desdibujar o diluir la actividad privada o lo que ella represente, como la participación en un mercado público de valores.
Se percibe como la táctica de un “estado que lo puede todo”. Es similar a lo que fue embarcado el país en el siglo pasado, con la esperanza de dar impulso a una nación subdesarrollada.
El experimento del “Estado desarrollista que todo lo puede” no resultó bien y tiene una ingrata recordación. Se comprobó que muchas entidades públicas fueron cooptadas por veleidades politiqueras y clientelistas y no se sacaron del atraso amplias actividades de la producción nacional a las que supuestamente iba a ayudar el “superestado”.
Millones y millones invertidos en empresas estatales agropecuarias, financieras, de transporte férreo, que luego tuvieron que liquidarse o malvenderse por corrupción y las malas prácticas.
¡Ojo!: no estamos diciendo que el Grupo Bicentenario vaya a correr la misma suerte.
Pero es bueno advertir que aún hoy se caen a pedacitos en distintas zonas del país, grandes almacenes generales de depósito, construidos en el siglo pasado para acumular cosechas en épocas de abundancia.
O se puede ver como las trochas por donde iban vagones de ferrocarril son usadas como ciclo rutas o vías peatonales, o sus rieles cortados y empleados como soporte para alambre de púas, en cercas que separan potreros.
¿Cuál es el propósito de desechar la participación privada en las empresas estatales y de rechazar que más personas y emprendimientos particulares ayuden al desarrollo del país?
Solo hasta cuando llegó la apertura económica en la década de 1990, se vio un despertar del mercado público de valores. Muchas compañías se listaron en la bolsa, recogieron una gran parte del ahorro público y hasta firmas estatales se beneficiaron de esa política promovida desde el gobierno.
Desdeñar la participación privada también implica direccionar recursos públicos hacia la creación de empresas estatales, como una que se quiere fundar para explotar minerales, sin que el Estado muestre resultados en emprendimientos similares.
Así mismo, se refleja en presionar para que entidades públicas remplacen sin experiencia o maquinaria la labor que por muchos años y de manera eficiente realizaron empresas privadas, como la elaboración de pasaportes.
Es mala publicidad decir que un conglomerado financiero como el Grupo Bicentenario no esté inscrito en la bolsa y no quiera vender sus acciones al público. Son innumerables los beneficios de estar listado en el mercado público de valores. Entre ellos, los de administrar bien y transparentemente el activo público, que es de lo que se trata gobernar honradamente.
@javimozzo
