Mientras las campañas presidenciales se concentran en promesas, slogans y ataques mutuos, hay una realidad que ninguno de los dos candidatos finalistas puede ignorar: Colombia enfrenta una crisis de seguridad que tomará años en corregirse.
Esa es la conclusión central de la conversación que sostuvimos hoy con Hugo Acero, uno de los expertos en seguridad más reconocidos del país, exsecretario de Seguridad de Bogotá y analista de políticas públicas.
Su diagnóstico es contundente: el próximo gobierno no recibirá un problema de orden público tradicional. Recibirá un país donde el crimen organizado se fortaleció, donde la extorsión se convirtió en una práctica cotidiana, donde el secuestro volvió a crecer y donde la capacidad del Estado para ejercer control territorial se ha debilitado.
El problema ya no es el mismo
Uno de los planteamientos más interesantes de Acero es que Colombia sigue discutiendo la seguridad con categorías del pasado.
Durante décadas el país enfrentó un conflicto armado protagonizado por guerrillas y grupos paramilitares. Hoy, sostiene, la realidad es distinta.
Lo que existe es una red de organizaciones criminales nacionales y transnacionales dedicadas principalmente a explotar economías ilegales: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando, trata de personas y otras rentas criminales.
Ese cambio obliga a replantear completamente las estrategias de seguridad.
No basta con repetir fórmulas del pasado ni con asumir que el problema se resolverá únicamente mediante negociaciones políticas o mediante el uso exclusivo de la fuerza.
Ni mano dura sola, ni inversión social sola
La campaña presidencial ha dejado la sensación de que existen dos visiones opuestas.
Por un lado, quienes plantean una respuesta basada principalmente en la autoridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.
Por otro, quienes consideran que la violencia desaparecerá en la medida en que se reduzca la pobreza y aumente la inversión social.
Acero considera que ambas visiones son insuficientes cuando se presentan como soluciones exclusivas.
La seguridad requiere una combinación de herramientas.
Uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
Fortalecimiento de la justicia.
Reducción de la impunidad.
Trabajo con las comunidades.
Inteligencia estratégica.
Prevención.
Y oportunidades de desarrollo.
No es una discusión entre «garrote» o «zanahoria». Colombia necesita ambas cosas al mismo tiempo.
La inteligencia, la gran ausente
Uno de los mayores deterioros identificados por el experto está en las capacidades de inteligencia del Estado.
Según Acero, recuperar la seguridad exige reconstruir sistemas de inteligencia estratégica, fortalecer las capacidades investigativas de la Policía y la Fiscalía, e incorporar nuevas tecnologías para enfrentar organizaciones criminales que hoy operan con niveles crecientes de sofisticación.
La discusión ya no puede limitarse al número de soldados o policías.
También debe incluir información, tecnología, coordinación institucional y capacidad de anticipación.
La seguridad cuesta
Hay otro elemento que suele desaparecer de los debates electorales: el dinero.
Acero advierte que el próximo gobierno heredará simultáneamente crisis en seguridad, salud, energía y finanzas públicas.
Y resolver cualquiera de ellas requiere recursos.
La pregunta no es solamente qué hacer.
También es con qué plata hacerlo.
Fortalecer la Fuerza Pública, ampliar la capacidad investigativa, modernizar equipos, mejorar tecnología, construir infraestructura carcelaria y recuperar presencia institucional tiene costos enormes.
Por eso insiste en que el próximo presidente tendrá que tomar decisiones difíciles y probablemente impopulares.
Cinco tareas para el próximo gobierno
Durante la conversación, Hugo Acero resumió en cinco grandes prioridades lo que debería hacer quien asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto:
1. Conseguir recursos.
Sin financiación suficiente no será posible enfrentar los problemas acumulados.
2. Entender que la criminalidad cambió.
Las estrategias deben responder al crimen organizado actual y no al conflicto armado de hace veinte años.
3. Construir una política integral de seguridad y justicia.
Más fuerza legítima del Estado, menos impunidad y mejores capacidades institucionales.
4. Trabajar con alcaldes y gobernadores.
La seguridad no puede diseñarse únicamente desde Bogotá.
5. Recuperar la relación con las comunidades.
Las soluciones deben reconocer las diferencias territoriales, sociales y culturales del país.
El riesgo después de las elecciones
La conversación también abordó una preocupación que pocos están discutiendo públicamente.
¿Qué ocurrirá después de la segunda vuelta?
Acero advierte que el país parece estar concentrado en garantizar la jornada electoral, pero no necesariamente en prepararse para eventuales tensiones posteriores a los resultados.
Su llamado es simple: moderación, responsabilidad y respeto por las instituciones.
En un país profundamente polarizado, cualquier liderazgo político debería contribuir a reducir la tensión y no a aumentarla.
Oído al tambor
La seguridad será probablemente uno de los grandes temas del próximo gobierno.
Pero conviene recordar algo que pocas veces dicen los políticos durante las campañas: recuperar la seguridad no será rápido, no será fácil y tampoco será barato.
El próximo presidente recibirá un país con problemas acumulados durante varios años.
La verdadera discusión no debería ser quién promete más.
La pregunta debería ser quién tiene un plan realista para empezar a resolverlos.
Porque la seguridad no se recupera con discursos.
Se recupera con instituciones, recursos, liderazgo y tiempo.
