Por: Carlos Noriega
El endeudamiento público de Colombia, que ya roza el 60 % del PIB, no es una cifra neutra ni un debate abstracto de tecnócratas.
Es una sombra larga que se proyecta sobre los presupuestos territoriales. Mientras en Bogotá se discuten reglas fiscales y déficits, en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta la deuda se siente de otra manera: menos inversión, menos infraestructura y menos capacidad para atender urgencias sociales que no dan espera.
La Región Caribe arrastra una dependencia estructural de las transferencias nacionales y de las regalías. Esa dependencia convierte a sus departamentos en rehenes de la disciplina fiscal del nivel central.
Cada ajuste que hace el Gobierno nacional para cumplir con acreedores y pagar intereses termina traduciéndose, en el Caribe, en recortes, aplazamientos y proyectos que se quedan en el papel.
El problema no es solo contable; es político y territorial. ¿De qué descentralización hablamos si el margen de acción de las regiones se reduce cada vez que la deuda nacional aprieta? La paradoja es evidente: cuanto más se endeuda el país, menos capacidad tienen los territorios para endeudarse responsablemente y financiar su propio desarrollo.
Con una baja capacidad tributaria propia, el Caribe queda atrapado en un círculo vicioso: depende de Bogotá, pero Bogotá depende de los acreedores. Y en esa cadena de dependencias, quienes terminan pagando son los ciudadanos: hospitales sin recursos suficientes, carreteras inconclusas y programas sociales que nunca despegan.
Además, el impacto del endeudamiento no es homogéneo. Mientras departamentos como Atlántico logran sostener cierta autonomía fiscal, otros como La Guajira o Sucre enfrentan una fragilidad extrema que los hace especialmente vulnerables a cualquier ajuste nacional.
Así, la deuda central no solo limita el desarrollo regional, sino que profundiza las desigualdades territoriales.
Por eso, la discusión sobre la deuda pública no puede seguir confinada a los escritorios de la capital. Es un debate profundamente territorial. Cada punto porcentual adicional de endeudamiento nacional significa menos oxígeno para las finanzas locales.
Pensar la sostenibilidad fiscal sin considerar sus efectos en la periferia es una forma de centralismo disfrazado de prudencia económica.
Porque cuando Bogotá se endeuda, el Caribe no solo se aprieta el cinturón: se queda sin aire. Y si seguimos ignorando esta relación, el déficit que enfrentaremos no será únicamente fiscal, sino también democrático.
Una propuesta para abrir la discusión
El país necesita con urgencia un pacto fiscal territorial que reconozca la vulnerabilidad de regiones como el Caribe. Ese pacto debería partir de tres compromisos básicos:
- Blindar las transferencias esenciales —salud, educación y agua potable— frente a los vaivenes del endeudamiento nacional.
- Revisar la regla fiscal con un enfoque regional, para que los departamentos con menor capacidad tributaria no sean siempre los primeros sacrificados.
- Fortalecer los ingresos propios mediante incentivos a la formalización y a la inversión local, reduciendo la dependencia absoluta de Bogotá.
Solo así la sostenibilidad fiscal dejará de ser un concepto abstracto y se convertirá en una verdadera garantía de equidad territorial. La deuda nacional no debería ser la cadena que ahoga al Caribe, sino el reto que obligue al país a tomarse en serio, de una vez por todas, la descentralización.
