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Justicia Política

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Por: Ricardo Galán.-

El truco en realidad no es nuevo. Es utilizado desde hace décadas en campañas políticas como un arma para debilitar al rival. Consiste en recolectar información negativa de un candidato a un cargo político, relacionarlo con ella, adjuntar unas pruebas falsas o verdaderas y denunciarlo ante el organismo judicial competente.

Y una vez presentada la denuncia filtrarsela a periodistas o medios de comunicación para que lo presenten como una investigación propia, de una ONG que lucha contra la corrupción o de un órgano de control que la inició de oficio.

El objetivo es desprestigiar al rival, debilitar su imagen ante los electores. Pero el asunto no pasaba de ahí. De la denuncia. Los organismos de justicia se limitaban a recibirla y darle el trámite correspondiente.

Pero de un tiempo para acá la justicia decidió participar activamente en las campañas políticas para bloquear a un candidato o favorecer a otro. A un partido político o a un gobernante en ejercicio.

La Corte Suprema de Justicia la emprende contra el presidente, Álvaro Uribe. El Procurador General de la Nación contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación contra Oscar Ivan Zuluaga en plena recta final de las elecciones en 2014.

Y ahora lo estamos viendo otra vez. La Fiscalía contra el gobernador de Antioquía, Aníbal Gaviria. La Contraloría contra Sergio Fajardo. La Corte Suprema contra Armando Benedetti, después de su paso a la Colombia humana. La JEP contra el uribismo. La Comisión de la Verdad contra Alvaro Uribe. Y así.

No se trata de hacer justicia sino de utilizar la justicia como un arma política haciendo coincidir etapas claves de los procesos judiciales con momentos también claves de las campañas políticas.

Hacer el anuncio sobre la apertura de investigaciones, citar audiencias públicas, formular cargos, filtrar testimonios, ordenar capturas o decretar libertades con la clara intención de generar un efecto político.

Lo curioso del asunto es que quienes iniciaron esa práctica hace unos años ahora la sufren en carne propia. Lo malo para Colombia y su democracia es que la justicia se preste para el juego político. 

En otras palabras, la politización de la justicia. La Justicia convertida en militante político. 

Una práctica que afecta la imparcialidad, credibilidad y confianza que debe tener sobre uno de los tres poderes públicos.

Los Magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General, la Procuradora General, el Contralor General, los magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores delegados deberían hacerle un gran favor al país. No mezclar la política con la administración de justicia, porque equivale a tratar de apagar incendios con gasolina.

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