Mercenarios colombianos y una indiferencia calculada

Por Javier Mozzo Peña

El pasado jueves la revista The Economist volvió a poner sobre la mesa el muy grave problema del mercado de mercenarios colombianos, quienes combaten en distintos conflictos en el mundo.

En el canal en YouTube de la prestigiosa publicación (https://www.youtube.com/watch?v=a5zxOkTX98k), Carla Subirana Artus, editora de noticias y Rosie Blau, co anfitriona del The Intelligence podcast, atribuyeron a académicos -que no identificaron- una cifra preocupante: hasta 10.000 colombianos estarían involucrados en guerras en Ucrania, Yemen, México y Sudán.

Latinamerica Report, con base en un informe de The New York Times del 2015, reveló el año pasado que Emiratos Árabes Unidos (EAU) pagaba a mercenarios desplegados en Yemen para luchar contra los hutíes hasta 7.000 dólares mensuales. El salario mínimo mensual colombiano apenas ronda los 530 dólares.

Sudán denunció a EAU ante el Consejo de Seguridad no hace mucho, acusándolo de reclutar hasta 380 mercenarios colombianos para apoyar a las fuerzas rebeldes que pelean contra el ejército del país africano.

Tan grande ha sido la acumulación del problema, que uno de estereotipos globales con el que se conoce al Colombia -aparte del talento musical, la cocaína y el café- son sus combatientes y ex militares, afectando la reputación nacional y la política exterior del país.

Artus y Blau se sorprendían de una de las formas en que son reclutados. Mencionaron que la red social Tik Tok está llena de videos que muestran a personas en uniforme sin bandera y que identifican como colombianos, invitando a sus compatriotas a que se sumen a las filas ucranianas en su resistencia contra la invasión rusa.

The Economist se suma a muchos medios que han investigado y cubierto la manera en que el país se ha convertido en un proveedor clave de combatientes para las luchas desatadas en el mundo.

Más de 13.000 soldados han sido retirados de las filas desde que Gustavo Petro asumió el poder, según Artus y Blau, muchos de ellos con menos de 45 años y familiarizados con armas y entrenamiento de la OTAN y Estados Unidos. Se pueden sentir señores de la guerra donde les plazca.

El país despertó tarde. Solo hasta el año pasado, después de casi 40 años de haber sido firmada la Convención de la ONU contra el mercenarismo de 1989, el Congreso de Colombia legisló para ratificarla. Sin embargo, esto probablemente tendrá poco impacto porque, entre otras, la mayoría de los países que contratan mercenarios no han revalidado la convención, lo que significa que Colombia tiene poco que hacer fuera de sus fronteras.

El órgano legislativo hizo su tarea, pero no se ha sancionado la ley y mucho menos se ha desarrollado en actos administrativos por parte del presidente Petro, por lo que sigue siendo un saludo a la bandera.

No es posible que en sedes físicas se reclute activamente personal militar sin que el Ministerio de Trabajo o la Superintendencia de Seguridad intervengan, al menos, preventivamente.

Por lo que se ve, solo hasta cuando se amontonaron escándalos se vino a actuar. Entre ellos, el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise; las críticas de Rusia por la activa participación de colombianos en la guerra de Ucrania y la ya referida de Sudán.

Colombia ha operado durante todos estos años en una especie de “indiferencia calculada” de conveniencia económica.

Mientras se promociona como “potencia mundial de la vida”, que había “acabado una guerra de 60 años” y que tenía una justicia transicional que iba a castigar los crímenes de su guerra, en la práctica aún permite que sus militares funcionen como una maquila de combatientes para el mundo.

Es inconcebible que los impuestos que pagan los colombianos en formar a un comando de élite durante 20 años, se diluyan cuando empresas de Medio Oriente se llevan gratis todo ese conocimiento, en una trágica fuga de capital humano.

Como bien señaló el analista Jaime Gómez en la revista Raya en septiembre pasado, so se trata solo de un mercado laboral, sino una crisis ética, jurídica y política de dimensiones globales.

“La imagen internacional de Colombia se ha visto deteriorada por su papel como principal exportador de fuerza de combate a sueldo”, señaló.

Esa pasividad no ha sido un simple descuido, sino que luce como una estrategia rentable. En estas cuatro décadas, al estado colombiano le ha resultado más cómodo permitir callada y de manera indiferente, que sus soldados retirados apliquen su experiencia en combate en guerras ajenas, antes que asumir los enormes costos de integrarlos a la vida civil o garantizarles una vejez digna.

Al hacerse el de la vista gorda, mientras las agencias de incorporación operan en las ciudades colombianas, el gobierno no solo tiene abierta la puerta a la exportación de soldados. También resuelve el problema social de qué hacer con miles de hombres y mujeres entrenados para matar que hoy, ante la falta de un futuro estable en casa, se ofrecen como un “producto” barato y eficiente.

Si no puede garantizar a esos muchachos una vida digna, Colombia no parece que tenga el derecho de impedirle que venda al mejor postor, habilidades que el mismo estado le impartió con el dinero de los contribuyentes.

¿El país podría correr el riesgo de dejar de ser una nación soberana, para convertirse simplemente en el campo de entrenamiento militar más grande y barato de las guerras civiles del siglo XXI?

@javimozzo