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Polémico fallo del Consejo de Estado sobre contratistas

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BOGOTA, 28 septiembre,2021_ RAM_ El fallo del Consejo de Estado trata de unificar la jurisprudencia sobre los derechos prestacionales de las personas que celebren contratos de prestación de servicios «que encubren y subyacen una relación laboral» al resolver una demanda contra la Alcaldía de Medellín por parte de una de sus contratistas.

El alto tribunal afirmó que cuando el contrato se renueva antes de 30 días no hubo una ruptura de la relación laboral entre las partes. Pero la decisión le cayó mal a los sindicatos que esperaban todo lo contrario.

En la CUT, por ejemplo, creen que fue un retroceso frente a pronunciamientos previos de la justicia y que el tribunal le abrió las puertas a que las renovaciones de los contratos por prestación de servicios se dilaten perjudicando a los trabajadores.

“Esta sentencia que saca el Consejo de Estado ahora lo que pretende es negar los derechos de las personas y decir que si hay más de un mes de interrupción ya no se considera que haya una vinculación que da para que puedan ser reivindicados los derechos. Lo que debió hacer es decir que todos los que cumplen funciones permanentes en las entidades deben ser de planta”,

Francisco Maltés, presidente de la CUT.

Actualmente muchos contratistas cumplen funciones permanentes, tienen horarios y tienen jefes, pero las entidades no les pagan las prestaciones de ley como vacaciones, cesantías, primas o salud y pensión. Por esta razón quienes estaban demandando al Estado estaban ganando.

Los sindicatos calculan que las entidades públicas del gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones tienen al menos 800.000 personas empleadas como contratistas.

Para la CUT entre las entidades que más usan la figura están el Sena y la Alcaldía de Bogotá e incluso trabajadores que cumplen turnos estrictos (como las enfermeras) están siendo enganchados de esta manera.

Casi cada año este tema aparece en los pliegos de negociación entre sindicatos y gobierno y en 2019 el gobierno firmó un decreto en el que se comprometía a reducir la cantidad de órdenes de prestación de servicios y ampliar las plantas de personal.

“Sin embargo, hoy, transcurridos dos años podríamos decir que ese decreto no ha cumplido su objetivo”,

Percy Oyola presidente de la CGT.

Oyola resalta que el Estado es el principal usuario de esta figura de ‘precarización laboral’, muy por encima de las empresas.

Lo qué dice el Consejo de Estado

El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia, estableciendo las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes:

1) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

2) La segunda regla establece un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

3) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

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