Por: Javier Mozzo Peña
Hace mucho daño la lenta ejecución del presupuesto por parte del gobierno de Gustavo Petro. En medio de una política anti empresa e inamistosa con la iniciativa privada, polarización política y denuncias de corrupción, la economía languidece a la espera de esos muy importantes recursos aportados por los impuestos que pagan todos los colombianos.
Usar bien los presupuestos de inversión pública balancea y equilibra la economía y por ello son fundamentales para la marcha de los países.
Si se quiere ver aplicado en un campo de fútbol, en la defensa, contienen inestabilidades y cubren deficiencias que las empresas no pueden o no les interesa actuar por su poca rentabilidad.
Atienden, además, áreas clave como la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la justicia, absolutamente fundamentales para el engranaje productivo, que, bien aceitado, desemboca en empleo y generación de prosperidad.
En la delantera -como ocurrió en los albores del “milagro asiático”- abren mercados, exigen resultados, premian a aquellos agentes privados que lo han hecho bien con bajos impuestos y créditos que se pueden perdonar y tienen la capacidad de redistribuir bienes y servicios de consumo, así como capitales a sectores donde son requeridos.
Los presupuestos no son jugadores que están en la banca esperando ansiosamente la mirada del entrenador para que les dé una oportunidad de meter goles y salvar al equipo cuando va perdiendo. Bien sea en defensa o en ataque su incidencia no se puede trivializar ni ponerla a jugar en el minuto 90.
En Colombia, los presupuestos han sido base fundamental de los planes de desarrollo, pues con ellos los Estados han intervenido, con resultados disímiles, en los distintos sectores económicos y sociales.
De sobra está decir que los presupuestos han recibido criterios de orientación concretos hacia intereses políticos y de gobierno. Esos lineamientos han sido claros en cada administración en los planes de desarrollo aprobados por el Congreso.
Quienes se postulan para cargos de elección popular saben perfectamente qué pueden hacer y qué no, para influenciar o intentar direccionar parte de esos dineros hacia sus reductos políticos cuando llegan al Congreso o al poder Ejecutivo.
Un muy interesante estudio del 2017 de los investigadores Lemus, Torres, Cubillos y Camelo (“Análisis de la ejecución presupuestal en Colombia 1954-2013”, Revista CIFE, Lecturas de economía social), encontró varios puntos clave en la historia de los presupuestos nacionales.
A vuelo de pájaro, en el Plan Decenal de 1961 estaba definido un fin parecido al que conocemos hoy como un plan de desarrollo; en 1968, los gastos de inversión para el gobierno central bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo se enfocaron en crear entidades públicas.
En 1984, el presidente Belisario Betancur llevó a cabo su “Cambio con Equidad”, liderado por el Plan Nacional de Rehabilitación y el Programa de Desarrollo Rural Integrado. En este último período, fue destacado el papel del gobierno en estabilizar y restituir la confianza del sector financiero tras la crisis de 1982. También lidió con la tragedia del volcán Nevado del Ruíz.
Luego vinieron los programas de Ernesto Samper con su “Salto Social”, en el que estaban el régimen subsidiado de salud, asistencia a pequeños productores agropecuarios, hogares comunitarios y masificación del gas natural, en el contexto de su defensa férrea frente al “Proceso 8.000”. Andrés Pastrana destinó ingentes recursos para reconstruir el Eje Cafetero tras el pavoroso terremoto de 1999, enfrentar la arremetida de las guerrillas y emprender el Plan Colombia.
En el mandato de Álvaro Uribe, el gasto en inversión se concentró en su política de “seguridad democrática” y ejecuciones en temas de pobreza y equidad, que, según observadores, habrían restringido esfuerzos en otros sectores relevantes. Aquí se produjo una de las más importantes expansiones de la economía antes de la pandemia.
Ahora bien ¿Qué está pasando? Que el actual gobierno no está ejecutando el presupuesto de inversión. Según el centro de estudios económicos, ANIF, en el primer trimestre del 2024 apenas se ejecutó algo más de un 9%, mucho más bajo que el 21,3 por ciento registrado en el 2016 (Santos II) y del 11,5% en el 2020 (Duque).
Nos comenta ANIF que un menor gasto, como el que se puede inferir al no ejecutar el presupuesto, parece positivo. Pero que no se gaste lo aprobado por el Congreso en los tiempos requeridos es un acto de suprema ineptitud y displicencia. En el mejor de los escenarios, Colombia apenas expandirá su PIB en algo más de 1% este año, con los recursos de los impuestos sin ponerlos a marchar.
No ejecutar restringe la liquidez de la economía por la menor inyección de recursos. Se retrasa el cumplimiento de metas en sectores llamados a reducir la pobreza y el desempleo como salud, educación, trabajo y vivienda.
La paradoja en la que estamos es que el Gobierno solicitará este año al Congreso más presupuesto para gastar en el 2025, sin que use lo que le aprobaron. “Se muestra una baja capacidad para gerenciar y administrar recursos públicos”, señala contundentemente ANIF.
No hay una decisión clara de querer ejecutar bien el presupuesto en el actual gobierno. Así, no hay manera de enviar señales positivas a los inversionistas en torno al compromiso de impulsar un crecimiento robusto y sostenido de la economía, que es la solución a casi todos los males que nos azotan.
@javimozzo
