Por: Javier Mozzo Peña
Dos meses han pasado ya desde que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó un decisivo documento sobre los planes para la reindustrialización de la economía colombiana.
Se trata de un análisis exhaustivo que ha recibido poca visibilidad o divulgación y su análisis no ha sido abordado aún a profundidad.
Metidos como estamos en discusiones de otros problemas que consideramos prioritarios, pareciera que dar un paso adelante en nuestro proceso de desarrollo fuera lo menos importante.
En el extenso documento de diciembre pasado y 169 páginas, el propio gobierno reconoce graves fallas en el diagnóstico, nada nuevo a lo que desde la academia, analistas y gremios se ha identificado hasta la saciedad.
Entre otras: la reducción del aporte del sector industrial en la generación de riqueza del país, la baja generación de valor agregado, un pobre desempeño de la productividad y la alta dependencia de las materias primas, específicamente las generadas en la explotación de hidrocarburos y minerales.
El CONPES plantea una transformación del sector productivo tanto de bienes y servicios del 2024 al 2034, en un contexto actual de crisis global de pérdida de biodiversidad y cambio climático.
Es decir, esa reindustrialización debe estar de la mano de la política del gobierno de dejar atrás y para siempre lo que hoy sostiene a la economía, que es la explotación de hidrocarburos y minerales, lo cual impulsa centenares de otros sectores, entre ellos, los industriales.
El documento parece dar sustento a la extraña alianza que firmó el gobierno en una conferencia de la ONU el año pasado, conocida como la COP28.
En ella, el país se convirtió en el primer exportador importante de petróleo en unirse a la alianza global que pide un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, al lado de pequeños estados isleños turísticos del Océano Pacífico.
La alianza no recibió si siquiera una mención de México o Brasil, ellos sí, grandes exportadores latinoamericanos de crudo también gobernados por líderes de izquierda.
En fin. El CONPES reconoce que lo principal es cambiar la visión del gobierno de un facilitador de la actividad productiva que resuelve las fallas del mercado al de un “organizador de la producción”.
No causa sorpresa pues está en la línea estatista de desarrollo hacia la que nos quiere devolver el presidente Gustavo Petro y que ya demostró lo poco funcional que fue.
Este cambio establece prioridades de inversión pública con planes intersectoriales, con énfasis en el desarrollo territorial.
Recordar que esta fue la impronta de la corta gestión del anterior director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González y que fue motivo de su retiro del cargo.
Algo que no pareciera asegurar el nuevo director, el ex congresista de izquierda radial, Alexander López.
Los pilares de la reindustrialización, a la luz del gobierno, son: la transición energética “justa”, la soberanía alimentaria, la reindustrialización a partir de los sectores de salud y aquella que se puede generar a partir de la “defensa para la vida”.
También, ir desprendiéndose de las actividades tradicionales como las extractivas, con la inclusión de la micro, pequeñas y medianas empresas y segmentos de la llamada “economía popular”.
¿Y cómo se aterrizan esas metas? Entre otras, en el aumento de producción y ensamblaje de vehículos con tecnologías de baja o cero emisiones; la promoción de fuentes no convencionales generadoras de energía; el desarrollo de la bioeconomía; la optimización de la producción agrícola; la producción de ingredientes activos para medicamentos biotecnológicos y radiofármacos; el dinamismo de la industria de la construcción de barcos, aeroespacial y militar, y la fabricación de puentes metálicos. Es decir, de todo un poco.
A falta de una buena comunicación, que no se vio cuando fue aprobado el documento CONPES, se puede decir que en estos dos meses poco se ha avanzado o no se ha hecho mayor seguimiento a la aplicación del plan.
Un proyecto de ley para crear una empresa estatal por aquí; anuncios de reactivación de una menguada red férrea por allá; la inauguración de un parque de generación de energía solar más allá, han mostrado destellos de lo que se quiere aplicar.
En el trasfondo está la pérdida paulatina de las ventajas geoestratégicas de Colombia, que no han permitido su industrialización plena. Se han desvanecido o desaprovechado ser uno de los países más biodiversos del planeta, tener acceso a dos Océanos, y estar cerca a mercados muy grandes y ricos.
Al menos así lo ven observadores internacionales que escuchan en escenarios internacionales esos mismos argumentos sobre las inmensas oportunidades que ofrece Colombia, sin que se aterrice en acciones concretas.
Todo, en medio de un contexto interno político polarizado y adverso, y un conflicto armado por resolver, que cada día cobra más vidas. Se trata, sin duda, de dos factores de peso para nuestro subdesarrollo.
Algo que debimos haber superado ya y de lo que no deberíamos estar hablando después de que el país abrazó la apertura económica hace más de tres décadas, en las que la industrialización plena debió venir de la liberalización de los mercados y con el aprovechamiento de tratados comerciales con Estados Unidos y Europa, entre otros.
Mientras tanto, una consecuencia lógica del mal resultado de la economía el año pasado y de esa falta de acción para reindustrializarse fue la caída en el empleo en enero, y la consecuente alza de la desocupación a casi 13%.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master pidió por enésima vez un plan de reactivación urgente para compensar la dura realidad, sin referirse específicamente al documento CONPES del año pasado.
Para el líder gremial, lo urgente es crear condiciones de inversión para los sectores de la salud, construcción, infraestructura, industria y comercio.
Será deber de las autoridades encajar esos requerimientos a un plan de 169 páginas que debe estar descansando en algún escritorio ministerial.
@javimozzo
