Por: Javier Mozzo Peña
La muy colombiana expresión usada en el título de esta columna denota desesperación, angustia e impotencia. Las mismas que sintió el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, el pasado miércoles, luego de que indígenas misak de Piendamó (Cauca), bloquearon nuevamente la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Esta vez, los indígenas justificaban su protesta por los que consideraban incumplimientos en temas de educación por parte del Gobierno.
Se trata del último de una seguidilla de ataques contra empresarios que hacen patria en el campo y que, luego de años de relativa tranquilidad, vuelven a exponer su vida y propiedad por el bien del país, en un gobierno donde declara el “derecho humano a la alimentación” y quiere “eliminar el hambre en la primera infancia”.
“Así es muy jodido que el país avance. Los bloqueos se volvieron parte del paisaje”, escribió Bedoya en su cuenta de la red social X. Así como los bloqueos, incendios, secuestros, robos de cosechas y ganado e invasiones, se han vuelto pan de cada día, sin que haya acciones firmes de las autoridades para castigar a los responsables o, al menos, tratar de respetar el orden constitucional. El gremio que dirige Bedoya ha documentado ataques al sector agropecuario casi semanalmente desde el llamado “estallido social” en el 2021.
La situación es bastante grave. Juan Gonzalo Botero, presidente de la Asociación de Exportadores de Ganado, lidera las brigadas ganaderas solidarias y de paz. Con ellas disuade de manera pacífica a los invasores de fincas y busca el respaldo de las autoridades. Con base en cifras de la Policía Nacional, Botero reveló esta semana que se produjeron 287 secuestros de campesinos y ganaderos de enero a octubre del 2023, con un incremento de 72% frente al mismo lapso del 2022. En el caso del secuestro extorsivo, el aumento es de 81% alcanzando 190 casos con ocho personas fallecidas, 152 liberadas, 17 escapadas y 22 aún cautivas.
Se produjeron 1.111 casos de robo de ganado de enero a octubre del año pasado, con el departamento del Meta como el más afectado, seguido de cerca por la Costa Caribe y el Cesar. Botero también ha tenido que enfrentar ataques de animalistas contra la actividad de exportación de ganado en pie, que representa más de 300 millones de dólares en ingresos para el país al año y emplea a más de 4.000 personas.
El vandalismo de pirómanos también es otra plaga que tienen que enfrentar los empresarios del campo. Las vías de hecho cometidas con total impunidad llevaron a que, en enero, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca denunciara ataques a fincas forestales en Dagua, La Cumbre y Vijes, en el Valle del Cauca. Asocaña también alertó por invasiones de predios, destrucción de cultivos y amenazas contra trabajadores. Delitos no solo contra la propiedad privada, sino contra el medio ambiente.
Fedepalma, el gremio de los cultivadores de palma de aceite que ha reportado secuestros, invasiones de tierras y vandalismo, tiene un manual para prevenir o actuar de cara a las situaciones que afectan la propiedad privada. El primero de los cinco pasos recomendados por el gremio es documentar muy bien los hechos, por medio de videos, fotografías, recolección de documentos y de posibles testigos.
El gremio tiene colgados en su página web los formatos y minutas que deben tener en cuenta los dueños de las tierras para emprender el trámite de denuncia de los ilícitos y cuyo diligenciamiento se antoja eterno cuando se están vandalizando cultivos.
En diciembre, la Junta Directiva de la SAC pidió al gobierno actuar con contundencia ante los reiterados episodios de extorsiones, secuestros, robos, invasiones y atentados, que no solo amenazan la producción agropecuaria, sino la seguridad alimentaria del país. No se ha registrado un pronunciamiento específico del Ministerio de Defensa o de Agricultura a los reiterados llamados de los gremios agropecuarios.
Las preocupaciones tienen total sustento. El Fondo Monetario Internacional advirtió en diciembre pasado sobre los distintos canales a través de los cuales la inseguridad afecta el crecimiento económico.
La delincuencia entorpece la acumulación de capital, pues disuade a los inversionistas que temen al robo y la violencia; merma la productividad, dado que tiende a desviar los recursos hacia inversiones menos productivas. América Latina tiene elevadas tasas de violencia, según el FMI, y ni qué decir respecto a lo que sucede en Colombia. Reducirla genera enormes beneficios, pues incrementaría en 0,5 puntos porcentuales el crecimiento económico anual.
¿Cuánto habría crecido el sector agropecuario sin el impacto del “estallido social”, sus secuelas y nuevos brotes criminales por casi tres años? De enero a septiembre del 2023 su expansión fue de apenas 0,5 por ciento, si se compara con igual periodo del 2022, según el DANE. Antes de la pandemia, en el 2019, el sector agropecuario creció un 4 por ciento, ya desacelerado desde la expansión de 5 por ciento dos años antes.
Si dejan trabajar, el sector agropecuario colombiano volverá a tener mejores días. Hoy, eso apenas es una ilusión.
@javimozzo
