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Apuntes sueltos, septiembre 28

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Apuntes sueltos, septiembre 28.- Los saludo desde Bogótica, la ciudad que hoy estará paralizada por cuenta de múltiples marchas de protesta organizadas por unos sindicatos que quieren legislar desde la calle, maestros que no quieren regresar a escuelas y colegios por temor al contagio con el virus, pero no dudan en aglomerarse en los plantones y por la Primera Linea, los comandos urbanos de la guerrilla.

Justicia Política

El truco en realidad no es nuevo. Es utilizado desde hace décadas en campañas políticas como un arma para debilitar al rival. Consiste en recolectar información negativa de un candidato a un cargo político, relacionarlo con ella, adjuntar unas pruebas falsas o verdaderas y denunciarlo ante el organismo judicial competente.

Y una vez presentada la denuncia filtrarsela a periodistas o medios de comunicación para que lo presenten como una investigación propia, de una ONG que lucha contra la corrupción o de un órgano de control que la inició de oficio.

El objetivo es desprestigiar al rival, debilitar su imagen ante los electores. Pero el asunto no pasaba de ahí. De la denuncia. Los organismos de justicia se limitaban a recibirla y darle el trámite correspondiente.

Pero de un tiempo para acá la justicia decidió participar activamente en las campañas políticas para bloquear a un candidato o favorecer a otro. A un partido político o a un gobernante en ejercicio.

La Corte Suprema de Justicia la emprende contra el presidente, Álvaro Uribe. El Procurador General de la Nación contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación contra Oscar Ivan Zuluaga en plena recta final de las elecciones en 2014.

Se repite la historia

Y ahora lo estamos viendo otra vez. La Fiscalía contra el gobernador de Antioquía, Aníbal Gaviria. La Contraloría contra Sergio Fajardo. La Corte Suprema contra Armando Benedetti, después de su paso a la Colombia humana. La JEP contra el uribismo. La Comisión de la Verdad contra Alvaro Uribe. Y así.

No se trata de hacer justicia sino de utilizar la justicia como un arma política haciendo coincidir etapas claves de los procesos judiciales con momentos también claves de las campañas políticas.

Hacer el anuncio sobre la apertura de investigaciones, citar audiencias públicas, formular cargos, filtrar testimonios, ordenar capturas o decretar libertades con la clara intención de generar un efecto político.

Lo curioso del asunto es que quienes iniciaron esa práctica hace unos años ahora la sufren en carne propia. Lo malo para Colombia y su democracia es que la justicia se preste para el juego político. 

En otras palabras, la politización de la justicia. La Justicia convertida en militante político. 

Una práctica que afecta la imparcialidad, credibilidad y confianza que debe tener sobre uno de los tres poderes públicos.

Los Magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General, la Procuradora General, el Contralor General, los magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores delegados deberían hacerle un gran favor al país. No mezclar la política con la administración de justicia, porque equivale a tratar de apagar incendios con gasolina.

Y el gringo ahí

Al contrato del billón de pesos del MinTIC para llevar internet de alta velocidad a más de siete mil escuelas y colegios, todo el mundo le metió la mano. O intento meterla. Ayer les conté que la exministra Karen Abudinen acusó al senador Armando Benedetti de haberla llamado para interceder a favor de uno de los participantes en la licitación.

Al de Benedetti, denunciado ante la Corte Suprema de Justicia se sumaron ayer los nombres de los también congresistas, Mauricio Gómez Amín y Daira Galvis.

Y al de los tres parlamentarios se sumó hoy el de Pacho Santos, hasta hace poco embajador de Colombia ante La Casa Blanca quien esta mañana reconoció que intercedió a favor de una firma norteamericana interesada en el negocio durante su ejercicio como embajador y después de haber abandonado el cargo.

Nueva MinTIC

A propósito de este tema, el Presidente Iván Duque nombró hoy a la actual viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, como nueva Ministra TIC. Entre las prioridades que le fija a la nueva Ministra está la de apoyar a las autoridades encargadas de llevar a la cárcel a quienes intentaron sacar tajada en el negocio del billón de pesos.

Carmén Ligia Valderrama, Ministra TIC
Carmen Ligia Valderrama

El nombramiento cayó mal entre algunos agentes del sector de las telecomunicaciones que han intentado llevar a uno de sus miembros a la cartera de las TIC desde hace varios años con claros intereses gremiales y empresariales. Como la nueva Ministra es ajena, y por lo tanto imparcial frente a los intereses que se mueven en esa industria, no les gustó y ya están tratando de desacreditarla en las redes sociales.

No la tendrá fácil la nueva Ministra a quien le tocará resolver varios chicharrones, entre ellos decidir si declara o no la dominancia en el negocio de los datos y la queja de todos los operadores sobre los precios por el uso del espectro electromagnético que consideran demasiado alto y una de las barreras para reducir la llamada brecha digital.

De hecho la ministra Carmen Ligia se estrena con una rueda de prensa sobre el tema que transmitiremos en vivo Libreta de Apuntes Radio a las 10:30 am.

Bajan fallecimientos y suben contagios por Covid-19

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 1.015 nuevos casos de coronavirus en el país, cifra que bajó en comparación a la de este domingo cuando fueron 1.422 casos. Por otro lado, se presentaron 33 decesos por covid-19.  ​​​​​​Cabe recordar que el 21 de junio se registró el número más alto de fallecimientos por cuenta de pandemia siendo 750. A la fecha el país suma 126.178 fallecidos por coronavirus, concentrando la mayor letalidad el grupo etario de los 80 a 89 años. El acumulado de contagios a nivel nacional aumentó a 4.952.690, mientras que las personas recuperadas de la enfermedad suman 4.793.387. Los casos activos bajaron a 17.439.

Ley de garantías

Todo indica que el artículo de la Ley de Presupuesto que les permitía a los alcaldes y gobernadores celebrar contratos inter administrativos en época electoral tiene las horas contadas. Ayer le salieron dos opositores muy fuertes. El expresidente, Álvaro Uribe y el Consejo Gremial.

Uribe le pidió a los parlamentarios de su bancada no apoyar los cambios a la Ley de Garantías. Y el Consejo Gremial le pidió al gobierno mantener intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales”.

El Consejo Gremial sugiere “evaluar la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de Vigencias Futuras ordinarias y/o excepcionales”.

Ley antichancleta

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidió declarar inconstitucional las expresiones contenidas en la Ley 2089 de 2021, conocida como ‘Ley antichancleta’, que señalan que los castigos físicos contra los niños, niñas y adolescentes no serán causal de pérdida de la patria potestad cuando estos no sean habituales o afecten la salud física o mental del menor de edad.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefa del Ministerio Público señaló que limitar la posibilidad de que la pérdida de la patria potestad se presente solo cuando el maltrato sea habitual o grave al punto de afectar la salud, desconoce los mandatos constitucionales que le imponen al Congreso de la República el deber de sancionar todo tipo de violencia física y psicológica en el entorno familiar hacia los niños.

Para la Procuradora General, esa salvedad “le impide al operador jurídico encargado de decidir sobre la patria potestad, la custodia o la emancipación, determinar si la imposición de un castigo físico o la comisión de un trato cruel o humillante es una razón suficiente para limitar o restringir ciertos vínculos familiares, exigiendo irrazonablemente que la conducta sea reiterativa o que tenga el potencial de afectar la salud de la víctima”.

Renovación verde

Con el objetivo de impulsar candidaturas que “renueven el Congreso de la República y que surjan de iniciativas ciudadanas acordes con sus principios éticos y programáticos”, la Coalición de la Esperanza abrió este lunes el proceso de inscripción para las y los candidatos que aspiran por esa alianza política.

Según la colectividad, las listas al Congreso deben reflejar los mismos principios de la unión de los movimientos y liderazgos que la componen.

“La imagen desfavorable del Congreso que hoy supera el 80 %, refleja la necesidad de que el cambio político se dé en el Legislativo, como complemento del cambio que queremos llevar a la Presidencia. Invitamos a todas las personas que creen en un cambio por fuera del odio, la rabia y la politiquería a inscribirse y a atreverse a participar en política”, señalaron los integrantes de la Coalición.

“A partir de este hoy quedó habilitado un formulario en la página https://www.coaliciondelaesperanza2022.com/ para quienes deseen participar del proceso de inscripción de listas a Senado y Cámara por la Coalición de la Esperanza.

Hasta aquí los apuntes sueltos, yo soy Ricardo Galán y esta es mi libreta de apuntes…

En Libreta de Apuntes Noticias nos encanta trabajar para ustedes…

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