Por Javier Mozzo Peña
El presidente de Argentina, Javier Milei, tomó su cabello a dos manos y lo agitó para mejorar su aspecto característico: pelo alborotado, complementado con chaqueta de cuero y pantalones de mezclilla negros.
Nada de formalidades para reunirse la semana pasada con uno de los hombres más ricos del planeta, Elon Musk, en la sede de Tesla, uno de los más modernos emprendimientos norteamericanos en materia de producción de automóviles eléctricos y que despliega un exuberante progreso tecnológico.
Más allá de lo que dejan las fotos viralizadas en redes sociales de una reunión exenta de formalidades entre un mandatario suramericano afanado por sacar a su país de una severa crisis y uno de los hombres más ricos del mundo, queda la enseñanza de lo que pueden hacer los estados por sus empresarios en esta época postpandemia y llena de conflictos.
Parece un cambio de paradigma después de que los estados entregaron al sector privado en el 2015, la responsabilidad de cumplir objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) en el 2030. A la larga esa estrategia luce haber significado más costos y barreras para el progreso de las empresas. Si va bien todo, dicen expertos, apenas se cumplirá el 12% de sus metas.
Viendo el lento avance de los ODS y lo que deben hacer los jefes de estado y de gobierno como Milei, es tentador concluir que es más valiosa una agenda llena de reuniones con grandes empresarios para atraer inversiones, hacer negocios y generar empleo.
Una agenda en la que los estados abren posibilidades para que sus propios ciudadanos desarrollen sus habilidades e identifiquen oportunidades de inversión. Una agenda con un líder que ayude a que el sector privado rompa un celofán en el que lo han querido envolver en el concierto internacional.
Ese celofán está representado en los ODS, una camisa con desafíos y metas con los que el sector privado debe contribuir al desarrollo de los países de manera económica, social y ambientalmente sostenibles. Aparte de su lento avance, también han sido criticados incluso desde la revista The Economist, que dedicó hace unos años tres artículos en los que los calificó de “peor que inútiles”.
Citado por la Universidad de Los Andes en un seminario en agosto del 2020, cinco años después de su implementación, el economista William Easterly observó que muchas de las metas propuestas son “inconmensurables, inalcanzables y voluntarias”, que no reflejan un auténtico compromiso político internacional hacia la sostenibilidad.
El año pasado, la ONU detectó que, por primera vez en décadas, el desarrollo se estaba revirtiendo debido a los impactos combinados de los desastres climáticos, los conflictos, la recesión económica y los efectos persistentes de la pandemia. Es decir, el cumplimiento de los ODS estaba en serio riesgo.
¿Qué pueden hacer las empresas para contribuir al desarrollo? Esa fue la pregunta que persiguieron líderes mundiales hace casi 10 años cuando se crearon los ODS, en un ambiente en el que los estados procuraban llevar más prosperidad a sus ciudadanos, para lo cual reclutaron como socio al sector privado.
Cumplir esos ODS supuso un reto para las empresas, que a la larga han restado alcances a esa libertad de las que gozaron emprendedores para decidir dónde ubicar los recursos de inversión.
Entre otras críticas, identificadas el año pasado en un artículo de Julian Pequet para Africa Report, se encuentran que los ODS no son vinculantes. Es decir, que tienen más deseos que objetivos reales y que no cuentan con un mecanismo de rendición de cuentas o alguien que se haga realmente responsable de su implementación.
Una segunda crítica es que tienen una financiación insuficiente. Una brecha que se ha ampliado después de la pandemia y que se calcula en unos 4,2 trillones de dólares, el doble del gasto militar mundial.
También, que son demasiado vagos. Para el profesor de economía de la Universidad de Nueva York, William Easterly, todo en los ODS “es de máxima prioridad, lo que significa que nada es una prioridad”.
Otro aspecto que se critica a los ODS ya había sido expuesto en la década anterior por académicos como Alan Beattie y Jan Vandemoortele. Los académicos se preguntaron si valía la pena propagar un conjunto único de objetivos para dirigir la política gubernamental en todos los países en desarrollo o emergentes por igual, cada uno con peculiaridades y particularidades.
Al parecer, la diversidad, entendida como que empresas disímiles operan de acuerdo a motivaciones internas diferentes y planes de negocio también distintos, no fue tenida en cuenta a la hora de proponer los ODS de manera general. Lo anterior desemboca en una serie de niveles de compromiso que en ocasiones no está alineado con el sector privado.
Finalmente, autores afirman que incluso desde el lanzamiento de los ODS algunas empresas como Unilever pusieron en marcha colaboraciones para abordar áreas específicas, y otras como GSK, Master Card, y Dow, establecieron pasos para alienar sus estrategias a los ODS.
Pero en la mayor parte del sector privado no se detectaron mayores movimientos, lo que es un diagnóstico de un pesimismo en torno a los ODS. Aquí surge la pregunta: ¿El interés propio de las actividades empresariales está en línea con el interés público? ¿En qué casos entran en conflicto?
El 2030 está a la vuelta de la esquina y los ODS en la mayoría de países está en marcha. No es tarde para echar una mirada crítica y hacer los ajustes necesarios para ajustarlos, reencausarlos y buscar financiación, según sea el caso. El propio sector privado debería pedir cuentas a los estados que los promovieron acerca de cuánto de dichos objetivos ha contribuido a tener una mejor sociedad, más equitativa y ambientalmente limpia. La mayor parte de los ciudadanos estaría de acuerdo con esa indagación.
@javimozzo
