Por: Fernando Salgado MD
Después del monumental fraude electoral en Venezuela, que el mundo entero ha rechazado, salvo algunas pocas excepciones incluido tristemente nuestro país, el tirano Nicolas Maduro, inició una gran persecución no contra la oposición, sino contra quienes de manera limpia, legal y en legitima democracia, ganaron las elecciones en ese país, el pasado 28 de julio, eligiendo a Edmundo González Urrutia como su legítimo presidente, desencadenando una persecución y eliminación de quienes ellos denominan ahora el “enemigo interno” a través de judicializaciones, estigmatizaciones y acciones de exterminio, que por supuesto, no son hechos aislados, ni cometidos por unas “manzanas podridas”, sino que han sido verdaderos crímenes cometidos en el marco de políticas masivas, sistemáticas y generalizadas, justificadas desde la política de seguridad nacional del régimen totalitario de Maduro, eso que comúnmente conocemos como crímenes de Estado.
Los crímenes de Estado se diferencian de otros crímenes por presentar algunas características muy particulares:
- Son actos generalizados que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por un solo crimen contra muchas víctimas.
- Son actos sistemáticos, es decir, que se realizan de acuerdo con un plan o política preconcebida por el régimen de Maduro, lo que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos.
- Son actos cometidos por las “autoridades” del Estado venezolano y por particulares y ello es, grupos denominados milicias populares o milicias Bolivarianas, creadas desde las épocas de Chávez para amedrentar a las comunidades y que ya hoy actúan como verdaderos grupos paramilitares con el respaldo tolerancia y complicidad de las autoridades y en particular de las fuerzas militares y de policía y la complicidad de un sistema judicial cooptado por un gobierno espurio.
- Finalmente, los crímenes de Estado ya no solo están dirigidos contra políticos, sino contra la población civil y por todo tipo de razones o motivos sociales, económicos, raciales, religiosos y culturales.
De acuerdo al derecho Internacional, el Estado venezolano debe responder hoy por las acciones de sus agentes, en particular de su presidente Maduro y su sequito de vana idolatría, que incluye entre otros a Cilia Flores, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, todos los miembros del cártel de los Soles o, para ser más precisos, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que dirige el general (uno de los casi dos mil generales que hay en Venezuela), Vladimir Padrino López general en jefe del Ejército Bolivariano, todos ellos individuos que cumplen con los estándares de la Unión Europea para ser calificados como grupos de delincuencia organizada.
Todos ellos deben responder por los actos de barbarie y violencia desde su posición como funcionarios públicos, así como por sus omisiones, pues han excedido los límites de sus deberes y han violado los derechos de los ciudadanos. Lo que hoy ocurre en Venezuela no es tan solo el deseo de un grupo de individuos de quererse perpetuar en el Poder, es el uso del terrorismo para someter a todo un pueblo, utilizando métodos ilegales de carácter clandestino por parte del propio gobierno para cometer homicidios, violaciones a los derechos humanos, asaltos, agresiones, secuestros , torturas y muchos otros delitos contra la población civil, reitero con el fin de someterlos y apropiarse de manera indebida de un país que hoy nuevamente lucha por su independencia, liderados por una valiente mujer María Corina Machado, que no solo merece el reconocimiento y respaldo de su bravo pueblo, sino de todos los demócratas del mundo, que no podemos permitir especialmente en la región, se continue el exterminio que ha iniciado maduro y su círculo diabólico en Venezuela.
Internacionalmente, la responsabilidad del Estado venezolano y de Nicolas Maduro es muy grave, pues se trata del incumplimiento de sus obligaciones legales e institucionales, teniendo en cuenta que sus funcionarios deben ser garantes del orden constitucional, y por ende de los derechos de todos los ciudadanos y en particular en la salva guarda de los derechos humanos. Esta es la razón por la cual la comunidad Internacional y sobre todo la corte penal internacional, debe ser exigente y sancionar ya de manera ejemplar a quienes en Venezuela hoy cometen violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. No será una tarea fácil derrotar al enemigo y por ello el apoyo y solidaridad del mundo entero es mas necesario que nunca, so pena que acciones similares se pretendan en otros países de la región.
