Apuntadores,
Hoy me sumerjo en uno de los temas más complejos y, a la vez, más reveladores de la coyuntura política y económica de Colombia: la reforma a la salud.
Y es que, según las denuncias presentadas por el equipo de investigación de la W Radio, encabezado por Juan Pablo Clavas y Paula Bolívar, lejos de ser un proyecto para mejorar el sistema de salud del país, parece ser una estrategia para redistribuir el acceso a los fondos del sector, beneficiando a amigos del gobierno de Gustavo Petro.
Un plan piloto fallido
Desde el inicio, la narrativa del gobierno ha sido clara: el sistema de salud tiene que reformarse porque la plata se la roban. Bajo ese argumento, se ha promovido la eliminación de las EPS o su intervención.
Sin embargo, lo que se evidencia en el caso del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC) es que el problema no es el robo en sí, sino quiénes están accediendo a esos recursos.
El FOMAC, presentado como un modelo de administración pública eficiente, ha resultado ser un coladero de corrupción. Empresas de papel, pagos a entidades fantasmas, giros a paraísos fiscales y la participación de altos funcionarios y sus familiares en el manejo de los recursos, han demostrado que el problema no es estructural sino de “gestión interesada”.
La investigación de la W revela nombres y entramados de poder que dejan claro que, más que mejorar el sistema, se buscaba que los recursos de la salud llegaran a las manos correctas, es decir, las del gobierno y sus aliados.
Los protagonistas de la trama
Entre los nombres que aparecen vinculados a esta red están Laura Sarabia, Jaime Ramírez Cobo y su esposa Daniela Andrade, John Mauricio Marín, Mario Urán, el abogado Óscar Ibáñez Parra, Augusto Rodríguez entre otros.
Todos con cargos clave en la Fiduprevisora, la ADRES y otras instituciones relacionadas con el manejo de los fondos de salud. Lo alarmante es que, mientras los hospitales y clínicas no reciben los pagos correspondientes, las empresas relacionadas con estos personajes han logrado obtener giros anticipados y pagos cumplidos, con dineros que terminan en cuentas fuera del país.
Un superintendente que habló de más
Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, puso sobre la mesa estas irregularidades. Informó al presidente sobre los desfalcos y los giros irregulares. Su recompensa: fue despedido.
Según revelaciones sería Laura Sarabia quien presionó para su salida, protegiendo a los implicados y evitando que el escándalo afectara la aprobación de la reforma en el Congreso.
La cortina de humo
El presidente Petro ha insistido en que la corrupción en salud es culpa de las EPS y que la solución es eliminarlas. Sin embargo, lo que muestran las denuncias es que el verdadero problema no es el modelo en sí, sino el manejo de los recursos. Con la administración pública centralizada, el dinero sigue perdiéndose, pero ahora en manos de aliados del gobierno.
¿Qué sigue?
El escándalo del FOMAC demuestra que la reforma a la salud, tal como está planteada, no busca mejorar el servicio para los ciudadanos, sino garantizar que el flujo de dinero quede en manos del gobierno.
La pregunta es: ¿qué harán los congresistas con esta información? ¿Será posible que aprueben una reforma que ha demostrado, en su plan piloto, ser un fracaso y un foco de corrupción?
Los invito a seguir atentos, porque esta historia, como muchas otras en Colombia, apenas comienza.
Nos vemos en el próximo episodio.
Un abrazo,
Ricardo Galán
