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Mano dura contra delincuentes

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Por: Lola Portela

Nos llena de esperanza la radicación, en el Congreso de la República, del Proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana.

Este proyecto, fue construido conjuntamente con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y su objetivo es fortalecer los instrumentos jurídicos para la persecución de los delincuentes, y contempla reformas a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Código de Policía).

Y es que considero que todos los colombianos estamos cansados de la inseguridad impune en el país. Esa “mano dura contra la delincuencia” es necesaria y urgente.

Sin embargo, es un Proyecto de Ley que, con certeza, traerá controversias en sus debates, ya que contempla convertir en agravante el uso de máscaras, capuchas o todo aquello que oculte la identidad de quienes incurran en la perturbación del servicio de transporte público. Lo mismo ocurriría si quien comete dicho delito es funcionario público o instrumentaliza a menores de edad.

Así mismo, la iniciativa propone aumentar las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un miembro de la Fuerza Pública, estipulando una pena de 500 a 600 meses de prisión (41 a 50 años).

Sanciones, muy necesarias, pero que seguramente “a los defensores” del paro, la revuelta y la desestabilización del país, no les agradará.

Con beneplácito leo que el proyecto de ley incluye medidas para luchar contra la reincidencia, e introduce en el Código Penal, como circunstancia de agravación punitiva, “que el sentenciado haya sido condenado previamente por delito doloso, dentro de los 5 años anteriores”.

También, precisa como delito la intimidación o la amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas (artesanales o improvisadas) y armas blancas con una pena de 48 a 72 meses, además de agravar la pena del delito de hurto en relación con las cuantías.

Así mismo, se contempla apartes sobre las armas no letales, categoría que incluye: las armas neumáticas, eléctricas, traumáticas, entre otras. Sobre estos elementos, se crea el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones la inclusión de armas, elementos o dispositivos menos letales o cuando se alteran para aumentar su letalidad.

Otras conductas que se convertirían en delitos son la intimidación y amenaza con arma de fuego; y la obstrucción de la función pública y el porte de armas blancas, que serían sancionadas con pena de cárcel.

También contempla incluir como agravante del delito de daño en bien ajeno, la afectación a la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, al sistema de trasporte público masivo e instalaciones militares y de policía.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que este proyecto de ley busca crear herramientas para contrarrestar hechos vandálicos, como los sucedidos en el paro nacional de 2021, así como la protección de los uniformados que deben intervenir en ellos: “Lo que vimos del 28 de abril hasta junio de este año es una situación que los colombianos no pueden, no quieren volver a vivir. Los colombianos no quieren volver a vivir que alguien busque incendiar la Fiscalía, como sucedió en Popayán, y no pase nada”.

El ministro Diego Molano aseguró que, solo en Bogotá, en el último mes y medio, en el marco del plan de intervención de la Policía para la contención del homicidio, alrededor de 6.133 personas fueron capturadas en flagrancia y 9.387 por orden judicial. “De las más de 6.000 personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad 5.000, es decir, el 86%, es por esto que este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a estos problemas”, agregó.

La iniciativa se presentó con mensaje de urgencia. Eso quiere decir que se le pide al legislativo, agilizar los cuatro debates que tienen que procurar el Senado y la Cámara de Representantes, por lo que se espera que en las Comisiones Primeras se realicen las discusiones correspondientes, y que la primera se lleve a cabo, mediante una sesión conjunta. De esa manera, los congresistas y senadores nos demostrarían el compromiso y el respeto por nuestros derechos constitucionales a la vida, a la libertad (somos prisioneros de los delincuentes) y contribuirían a darnos la seguridad que merecemos.

El Ministro del Interior, Daniel Palacios, expresó: “La intención del Gobierno, en conjunto con el Congreso, alcaldes y gobernadores, es trabajar en un texto que permita fortalecer las sanciones en materia penal para el hurto, las lesiones personales, el daño en bien ajeno, el homicidio; verificar y fortalecer la medida de aseguramiento, el Código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas”.

Amanecerá y veremos de qué forma el Congreso y el Senado permiten éste fortalecimiento penal, que tal vez, contribuya a sacar de las calles a tanto delincuente, un país donde asesinan por robar un celular, y no pasa nada.

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