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Sin debido proceso

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Por: Rafael Pardo Rueda

La semana pasado estuve examinando la viabilidad de la propuesta que en las páginas de este diario lancé hace 15 días para una negociación con todos los grupos criminales, sin excepción “Una propuesta audaz”.

La socialicé primero entre un grupo de politólogos, dirigido por Hernando Corral. No soy politólogo y me atrevería a pensar que, de los asistentes, solo una minoría es de esta profesión. Una vez realizada la presentación de mi propuesta por parte de Álvaro Balcazal, surgieron dos planteamientos en contra: que se no aplicaba el concepto de sedición y que a estos, los grupos armados organizados (GAO), no les interesaba sino hacer plata rápido. Se planteó, además, que las soluciones a la violencia en los territorios deben proponerse descentralizadas, dependiendo de cada territorio.

Respondo a lo primero, al concepto de sedición. Hay que referirse al Código Penal, que dice: “Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (artículo 468).

Pero existe otra definición, esta vez del diccionario, que dice: “Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión”. Cada semana algún grupo, GAO, realiza una acción armada contra la Fuerza Pública, con consecuencias, la mayoría de las veces, fatales.

Hace una semana, un reporte de Global Organized Crime Index 2021 señaló que Colombia ocupa el segundo lugar después de la República Democrática del Congo en criminalidad. Suficiente para aplicar las soluciones que sean necesarias en busca de una paz completa.

Sobre la segunda observación: que no hay con quién hablar porque lo que les interesa es hacer plata rápido y un escenario de negociación les quita el negocio. Vamos al panorama de las diferentes regiones, porque en ninguna región del país las organizaciones criminales actúan solas:

En casi todo el territorio aparecen con el Eln o, como en el caso de Arauca, con las disidencias de las Farc. En Norte de Santander comparten con Los Pelusos, que es una antigua disidencia del Ejército Popular de Liberación (Epl) con quien han mantenido frecuentes choques armados, y con el Frente 33 de las extintas Farc, con el que tienen un acuerdo de no agresión.

En el Magdalena Medio comparten con Los Caparros. En el Chocó, el Eln aparece con el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas. El Cauca está prácticamente tomado por todos los grupos armados con y sin motivaciones políticas. En Nariño están con el Eln y también con la Oliver Sinisterra, disidencia de las Farc, y así en cada departamento.

En el sur del Meta el grupo de Gentil Duarte está repartiendo tierras en el parque La Macarena, pedazos de a 100 hectáreas, exigiendo que dejen en selva virgen 50 hectáreas, que en la tierra que les queda dediquen 30 a sembrar coca y el resto para pancoger. Imposible que de todos estos grupos no haya con quién dialogar.

Es importante tener en cuenta a los líderes sociales y a las organizaciones internacionales que pueden servir de puentes iniciales para abrir espacios de aproximación.

Una pregunta que hicieron, en otro escenario. ¿Los que traicionaron el acuerdo de paz van a tener otra oportunidad? No tengo respuesta.

Insisto en mi proposición: se trata de ofrecer un indulto a los GAO que se acojan, previa información por escrito al Consejo Nacional de Seguridad y, especialmente, con el foco en la reparación real de las víctimas.

Se trata de una propuesta integral para todos los grupos, pues negociaciones parciales dejan siempre abierta la posibilidad de que las guerras se reciclen. Todo teniendo en cuenta que con el Eln se realice paralelamente una negociación distinta, y ojalá con ceses al fuego territoriales a la mayor brevedad

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