Por: José Obdulio Espejo Muñoz
A mediados de abril de 2012, William Fernando Martínez, reportero gráfico de la Associated Press (AP), tomaba una de las imágenes más dicientes del interminable conflicto armado colombiano. En la fotografía –que le dio la vuelta al mundo–, al menos cinco indígenas, alentados por centenares de otros integrantes de la etnia nasa, arrastraban a un sargento de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, del Ejército Nacional, para desalojarlo de la zona a él y a las tropas que comandaba.
Este episodio, ocurrido en la zona rural de Toribío, Cauca, confirmaba uno de mis principales temores y de mis subalternos para la época. A nuestro juicio, constituía el primer paso en la puesta en ejecución por parte de las Farc de la maniobra del “conflicto noviolento estratégico”.
Se trata nada menos que de una teoría consignada en libros y artículos académicos, particularmente desarrollada por Robert Lee Helvey, coronel retirado de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. En su libro Sobre el conflicto noviolento estratégico, auspiciado por el prestigioso The Albert Einstein Institution con sede en Boston (Massachusetts), el autor desarrolla los fundamentos y la puesta en ejecución de métodos de resistencia no violenta en situaciones de conflicto.
Habíamos conocido este documento meses atrás en la oficina de Comunicaciones Estratégicas del Comando General de las Fuerzas Militares (Comes), dependencia que regentaba por aquella época. Lo había llevado una inquieta oficial politóloga de la Armada Nacional, responsable en aquel entonces de la sección de Análisis Prospectivo.
Ante la gravedad del contenido teórico de los documentos que estaban frente a nuestros ojos –que retrataba una realidad que se empezaba a vivir en las áreas de patrullaje–, la sección de Análisis Prospectivo elaboró un documento dirigido al alto mando castrense en donde se alertaba sobre esta estrategia en ciernes.
La miopía institucional en ese periodo de nuestra historia, alimentada por el desconocimiento de los alcances del análisis prospectivo y uno que otro ego, desecho las recomendaciones de nuestro documento, entre las cuales se mencionaba la necesidad de blindar a las tropas con herramientas jurídicas que les permitieran hacer frente a este tipo de acciones, en las que se instrumentaliza a la población civil para contraponerse al ejercicio de la autoridad del Estado.
El advenimiento del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc seis meses después (4 de septiembre de 2012), enterró la posibilidad de que el tema fuera tomado con la seriedad que ameritaba. Catorce años han pasado desde ese primer episodio contando al menos una veintena ocurridos en este tiempo.
Quise traer a valor presente este recuerdo de mi anecdotario porque este fin de semana se registró otro episodio más del “conflicto noviolento estratégico” en el Cauca, cuando al menos 57 uniformados del Ejército Nacional fueron secuestrados por habitantes del Cañón del Micay.
Eso sí –tal y como aparece en uno de los principios de esta estrategia–, la comunidad habría sido presionada por las disidencias de las Farc con presencia en la zona. Grupos narcotraficantes similares en su estructura a la organización mafiosa a la que deben su génesis y cuyos ex cabecillas ahora hacen parte del partido político Comunes, que, tanto ayer como hoy, arropan sus verdaderos intereses en su supuesta lucha en favor del oprimido pueblo colombiano.
Las Farc y sus herederos convertidos en disidencias aplican a raja tabla las tesis del “conflicto noviolento estratégico” desde los años dos mil. Los mecanismos de esta estrategia incluyen fases como la conversión, la acomodación, la desintegración y, como en el caso colombiano, la coerción; también se habla de métodos como la protesta y la persuasión, la “nocoperación” (social, económica y política) y la intervención.
En propiedad, la estrategia apuesta a darle paso a formas de lucha alternativas diferentes a la armada a fin de cambiar las relaciones de poder en una región o país, de tal forma que se limite el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad y de la vigencia del imperio de la ley. En otras palabras, usar terceros para que hagan el trabajo sucio, de manera consciente o inconsciente, como bien viene sucediendo en el suroccidente de Colombia con indígenas y campesinos, evitando la confrontación armada directa.
El secuestro de militares y policías en asonadas como las del fin de semana seguirán siendo parte del paisaje si no se garantiza seguridad jurídica a la Fuerza Pública en el ejercicio de su misionalidad. Blindaje que no veo posible en el actual Gobierno y su desbocada e improvisada política de Paz Total, que privilegia al bandido sobre el ciudadano de a pie.
Lo que si avizoro es una tragedia de proporciones mayúsculas cuando uno de esos grupos de uniformados haga uso de la fuerza marcial del Estado invocando su derecho a la legítima defensa. Peligro latente ante el silencio cómplice de los responsables de garantizarles las condiciones necesarias para que cumplan su deber constitucional.
